Asociación Público Privada, clave para atraer nuevas inversiones a Panamá en tiempos de crisis

Cada país tiene necesidades de inversión en nuevas infraestructuras públicas, pero con recursos propios cada vez más limitados. La modalidad de Asociación Público Privada (APP) se ha promovido como una herramienta estratégica para lograr apalancar esas obras y conformar alianzas que permitan atraer inversiones.

En un panel organizado por el diario La Prensa y con la participación de Deloitte, un grupo de expertos analizó este tema enfocado en la Innovación y Crecimiento: El Futuro de la Asociación Público Privada en Panamá.

Carlos Sánchez, socio de Deloitte y experto en proyectos de infraestructura y capital, indicó que las Asociaciones Público Privada deben ser una política de Estado y no una medida temporal de una administración gubernamental. Considera que tal y como se estipuló este tema en Panamá, hay garantía para que se de continuidad a los proyectos que sean viables para ser manejados bajo esta modalidad.

Sánchez precisó que hay que analizar en detalle los proyectos de infraestructura que se quieran acometer, para ver si cumplen con el perfil para ser ejecutados mediante las APP. “Dentro de la estrategia de infraestructura que se tenga, se deben seleccionar aquellos proyectos que cumplan con los criterios para ser elegibles como APP. Es clave que sean viables financieramente y tengan bancabilidad”, insistió.

Ignacio Aragone, abogado y consultor internacional Sénior en APP, sostuvo que este modelo de asociación ya no es una moda en los países, es una realidad pues se ha convertido en una herramienta para poder asegurar la ejecución de proyectos de infraestructura y una clave para atraer inversiones.

Precisó que es fundamental que el proceso donde interactúan muchas instituciones públicas y privadas fluya de forma eficiente y cumpliendo cada uno de los pasos para evitar riesgos que pueden generar incrementos en los costos y problemas a largo plazo.

“Cuando un proyecto está desbalanceado no camina. También es necesario contar con el consenso no sólo político, sino social en los proyectos. Un contrato mal hecho implica más riesgos y más costos”, agregó Aragone.

Desde la experiencia

Juan Pablo Buriticá, gerente general de Ruta del Este, ISA, la empresa que se ganó la primera APP que se ejecuta en Panamá para la rehabilitación de la carretera Panamericana del Este: Las Garzas-Yaviza, indicó que el país ofrece un ambiente propicio para las inversiones y los negocios, una de las razones por las que participaron del proceso.

La Ley 93 de 2019: Clave para el marco legal de las Asociaciones Público-Privadas en Panamá

La Ley 93 de 19 de septiembre de 2019 es fundamental para el marco legal de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en Panamá. Esta ley busca fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos, con el fin de:

1. Mejorar la calidad de los servicios públicos.
2. Reducir la carga fiscal del Estado al compartir costos con el sector privado.
3. Promover la inversión privada y la creación de empleos.
4. Impulsar el desarrollo social y económico del país.

Debido a estos objetivos clave, los expertos consideran que la Ley 93 debe ser una política de Estado en Panamá, y no una medida temporal de una administración gubernamental. Esto garantizaría la continuidad de los proyectos APP y atraería más inversiones.

La ley se aplica a una amplia gama de sectores, incluyendo infraestructura de transporte, servicios de salud, educación, energía y tecnología. Establece procedimientos de licitación pública, evaluación y selección de proyectos, así como contratos a largo plazo entre el sector público y privado.

Además, la ley ofrece una serie de beneficios e incentivos para atraer la participación del sector privado, como exenciones fiscales, facilitación de trámites y seguridad jurídica para las inversiones. También incluye mecanismos de supervisión y control, como auditorías externas y sanciones, para asegurar la correcta implementación de los proyectos APP.

En resumen, la Ley 93 representa un avance significativo para Panamá, permitiendo la colaboración entre el sector público y privado para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos de alta calidad, lo que contribuye al crecimiento económico y al bienestar social del país.