La nueva ley de El Salvador que grava con impuestos las donaciones extranjeras a ONG reaviva el debate sobre la influencia externa en los movimientos sociales. ¿Qué significa esto para Panamá y su soberanía narrativa?
Por Ariel Rosas JR.
El Salvador -el presidente Nayib Bukele, líder del gobierno salvadoreño, fue quien impulsó y oficializó en mayo de 2025 la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que marca un punto de inflexión en la regulación del financiamiento de organizaciones no gubernamentales (ONG) en la región.
Esta legislación impone un 30 % de impuesto a todas las donaciones provenientes del extranjero dirigidas a ONG que operan en El Salvador. Además, las organizaciones deberán registrarse, obtener autorizaciones previas y estarán sujetas a sanciones que incluyen la clausura, en caso de incumplimiento.
La medida, aunque polémica, no es aislada: refleja una tendencia regional hacia el cuestionamiento de la influencia extranjera en la política y movimientos sociales internos.
Aunque nace en San Salvador, el debate ya se siente en toda Centroamérica. Países como Panamá, Guatemala, Honduras y República Dominicana enfrentan situaciones similares: protestas, paralizaciones de proyectos mineros y discursos ambientales encendidos que —según algunas voces expertas— no siempre surgen de forma orgánica.
La ley fue aprobada en mayo de 2025, pero su origen se remonta a una preocupación creciente del presidente salvadoreño, quien meses antes agradeció públicamente al entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por suspender fondos de USAID destinados a El Salvador. Bukele justificó ese gesto afirmando que ciertos programas financiados desde el extranjero buscaban injerencia política encubierta.
¿Qué dicen los expertos?
Ana Gabriela Juárez, presidenta de CTA Consultoría Ambiental, fundadora de WIMCA, directora en JD, reconocida entre las 100 mujeres más inspiradoras de la minería global y una de las 10 personas hispanas más influyentes en Canadá, sostiene que:
“Narrativas que no siempre nacen de la voluntad del pueblo, sino de agendas externas, han paralizado proyectos clave en toda la región.”
En su análisis titulado ¿Quién mueve realmente los hilos en Centroamérica? Un breve análisis de los movimientos anti mineros en la región, Juárez expone que muchas protestas contra la minería han sido impulsadas o amplificadas por ONG con financiamiento extranjero.
Cobre Panamá y El Escobal
Cobre Panamá
Este proyecto minero fue paralizado, dejando una pérdida millonaria para el Estado panameño y miles de empleos en pausa. Más allá de los cuestionamientos contractuales, la narrativa dominante en medios y redes sociales fue marcada por presión y desinformación, según denuncian expertos del sector.
El Escobal, Guatemala
En Guatemala, el proyecto El Escobal ha estado bloqueado por más de siete años, en gran parte debido a la acción de movimientos sociales que, según Juárez, han sido financiados desde el exterior con el objetivo de frenar actividades extractivas.¿Quién financia estas narrativas?
Una de las principales fuentes es USAID (United States Agency for International Development). Desde 1961, esta agencia ha canalizado miles de millones de dólares hacia América Latina con el objetivo de promover la democracia, sostenibilidad ambiental, fortalecimiento institucional y desarrollo.
No obstante, informes como el de la Fundación para el Debido Proceso (2023) señalan que parte de estos fondos ha sido destinado a:
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Financiar litigios estratégicos contra el Estado
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Apoyar campañas mediáticas y movilizaciones sociales
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Presionar decisiones de política pública sin participación técnica local
¿Por qué esto importa para Panamá?
En Panamá, más del 90 % del tejido empresarial está compuesto por PYMES (según datos del Ministerio de Economía y Finanzas), y la inversión extranjera representa un pilar fundamental del desarrollo económico.
Una narrativa contraria a la inversión minera, sin una base técnica sólida, puede erosionar la confianza de inversionistas, afectar la seguridad jurídica y frenar proyectos estratégicos.
¿Es un ataque a las ONG?
No. Como lo enfatiza Juárez:
“Ojo: esto no es un ataque a las ONGs — muchas hacen un trabajo valiosísimo. Pero sí es un llamado a abrir los ojos. ¿Estamos defendiendo nuestros recursos o solo repitiendo agendas que vienen de fuera?”
¿Cuál es el verdadero desafío?
El desafío es narrativo. En un contexto digital donde la información se viraliza más rápido que los hechos, quien controla el relato, muchas veces, controla el resultado.
Y si ese relato está financiado o escrito desde el extranjero, la soberanía narrativa se convierte en un activo que Centroamérica debe proteger.
¿Y entonces? ¿Prohibimos la cooperación?
No se trata de eliminar la cooperación internacional, sino de exigir transparencia, rendición de cuentas y alineamiento con intereses locales. La minería, como cualquier industria, debe estar regulada, auditada y sujeta a estándares ambientales rigurosos. Pero también debe ser defendida con hechos, verdad y visión de largo plazo.
Como concluye Juárez:
“La minería en nuestros países debe ser regulada, sí — pero también defendida con verdad y visión a largo plazo. América Central y el Caribe tienen el potencial de liderar con minería responsable.”
¿De quién es el relato que estamos repitiendo?
Las leyes como la de El Salvador nos invitan a un debate más profundo:
¿Estamos tomando decisiones soberanas o repitiendo narrativas importadas?
¿Quién financia, quién escribe y quién se beneficia del discurso anti-minero?
Mirar con ojo crítico, proteger la narrativa propia y construir un desarrollo basado en evidencia, no en ideologías importadas.
Fuentes:
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Asamblea Legislativa de El Salvador, Ley de Agentes Extranjeros, mayo 2025
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Ana Gabriela Juárez – ¿Quién mueve realmente los hilos en Centroamérica?
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Fundación para el Debido Proceso – Informe 2023
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USAID Latin America Budget Reports, 2022-2024
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Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá – Informe MIPYMES 2023
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