Por: Ariel Rosas Jr. 

El puesto ejecutivo no es un ascenso: es una nueva función

En muchas organizaciones, se tiende a ver el cargo ejecutivo como el “premio mayor”, el lugar donde finalmente se manda. Sin embargo, ocupar una posición ejecutiva no significa haber llegado, sino haber asumido una nueva responsabilidad: la de ser un multiplicador de capacidades para toda la estructura.

El impacto de una persona en este nivel va mucho más allá de sus tareas personales. Sus decisiones, su enfoque de liderazgo y su forma de relacionarse con sus gerentes pueden acelerar o entorpecer el funcionamiento completo de la organización.

El efecto dominó del liderazgo ejecutivo

Cuando un ejecutivo lidera con claridad, coherencia y visión, facilita el trabajo de sus gerentes. Les da dirección, autonomía y herramientas. Genera un clima de confianza que permite que los líderes intermedios florezcan. El resultado: equipos más motivados, mejor alineados y con mayor rendimiento.

Pero cuando ocurre lo contrario —cuando el ejecutivo centraliza decisiones, interfiere en lo operativo o no define prioridades claras— los efectos son devastadores:

• Se ralentizan los flujos de trabajo

• Se multiplican las reuniones innecesarias

• Se genera ansiedad en los mandos medios

• Se pierden oportunidades por falta de reacción

El problema no es visible al principio, pero en poco tiempo se traduce en baja productividad, frustración y fuga de talento.

¿Multiplicas o microgestionas?

Una pregunta clave para cualquier ejecutivo es: ¿Estoy empoderando a mis gerentes o simplemente supervisándolos? La diferencia es abismal.

Según la experta Melody Wilding, el error más común en esta transición es seguir liderando desde la lógica del “experto que resuelve todo”. Esa mentalidad, que fue útil en el nivel operativo, se convierte en un cuello de botella en el nivel ejecutivo.

El rol cambia de hacer a habilitar. No se trata de dar instrucciones, sino de hacer las preguntas correctas. No se trata de controlar tareas, sino de crear entornos donde otros puedan tomar decisiones con confianza.

¿Qué puede lograr un ejecutivo bien alineado?

Cuando un líder ejecutivo comprende y abraza su verdadero rol, los beneficios se multiplican:

• Se reducen los errores porque las decisiones se toman más cerca del problema

• Se elevan los estándares de desempeño gracias al feedback estratégico

• Se mejora la coordinación entre áreas gracias a una visión compartida

• Se acelera la innovación porque se da espacio a nuevas ideas

• Se fortalece la cultura organizacional a través del ejemplo y la coherencia

Todo esto sin necesidad de estar presente en cada detalle, porque se ha construido un sistema que funciona más allá del individuo.

Cuando el ego se interpone

Pero no todo es crecimiento. Muchos ejecutivos fracasan no por falta de capacidad, sino por no soltar el ego del “hacedor”. Quieren seguir resolviendo, apareciendo en cada decisión, opinando en cada tema. El resultado es agotamiento personal, desgaste del equipo y un clima laboral tóxico.

Como bien señala Wilding, “liderar líderes no es hacer lo mismo con más gente y más presupuesto. Es reconfigurar tu identidad profesional y dejar que otros brillen”.

Señales de alerta: ¿estás generando valor o restando?

Hazte estas preguntas como ejecutivo:

• ¿Mis gerentes toman decisiones sin tener que consultarme todo?

• ¿Mis equipos tienen claridad sobre hacia dónde vamos?

• ¿Estoy resolviendo problemas o formando personas que resuelven?

• ¿Mi equipo se siente energizado o drenado tras nuestras reuniones?

• ¿Hay avances sin que yo esté en todo?

Si tus respuestas apuntan a centralismo, control o dependencia, es momento de revisar tu impacto real.

Liderazgo como servicio: la esencia del cargo ejecutivo

Un ejecutivo no está ahí para ser el más ocupado, ni el más visible. Está ahí para hacer que todo funcione mejor sin su intervención constante. Su rol es crear claridad, remover obstáculos y cuidar el sistema.

Un líder que no desarrolla a sus gerentes se convierte en su mayor fuente de estrés. Pero uno que los potencia, que los escucha, que los desafía y los respalda, construye un equipo capaz de superar cualquier meta.

Escrito por Ariel Rosas para NE360.

Inspirado en los principios de liderazgo ejecutivo compartidos por Melody Wilding, autora y coach de alto rendimiento.

 Por Ariel Rosas Jr. | Especial para Negocios Exitosos 360

Ciudad de Panamá — En el nuevo tablero geopolítico global, donde el estrecho de Ormuz y el de Malaca concentran la atención por su papel en el transporte de petróleo, una ruta marítima más pequeña en volumen pero igual de crítica en funcionalidad emerge como ancla de estabilidad: el Canal de Panamá.

A pesar de transportar solo 2,1 millones de barriles diarios de crudo en 2023, el canal se mantiene como un eslabón clave en las cadenas logísticas internacionales. A diferencia de otros corredores con presencia militar o bajo amenaza de cierre, la vía panameña ofrece continuidad, seguridad jurídica y neutralidad diplomática, atributos escasos en el contexto actual.

“Los mercados tienden a enfocarse en los grandes volúmenes, pero lo que importa en momentos de incertidumbre es quién puede garantizar rutas estables cuando otras fallan”, afirma Andrea Guevara, analista de logística regional.

Un mundo tensionado por el petróleo

El reciente ataque de Irán a bases militares estadounidenses en Qatar y las amenazas reiteradas de Teherán sobre el cierre del estrecho de Ormuz han reactivado los temores de una interrupción en el flujo de petróleo. En 2023, esa ruta transportó 20,9 millones de barriles diarios, con más del 83 % destinados a Asia, según la Energy Information Administration (EIA).

Un cierre total del paso —hasta ahora nunca concretado— podría interrumpir cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de crudo y desencadenar un alza inmediata en los precios del petróleo, que ya ha mostrado volatilidad durante el primer semestre de 2025.

En este contexto, los puntos de tránsito alternativos, como el Canal de Panamá, vuelven a evaluarse no solo por su capacidad de carga, sino por su rol como red de seguridad en caso de interrupciones regionales.

Más que petróleo: el valor de la diversificación logística

El Canal de Panamá ha enfrentado desafíos propios: una histórica sequía en 2023, ajustes en el calado de buques y limitación de tránsitos diarios por restricciones hídricas. Sin embargo, en términos geopolíticos, ha ofrecido una continuidad que otros corredores no pueden igualar.

“Mientras las rutas del Golfo están sujetas a tensiones militares, y Suez ha tenido bloqueos por incidentes como el del Ever Given, Panamá ofrece una vía funcional sin interferencias externas”, señala Santiago Duque, director del Centro de Estudios de Transporte de América Latina.

Aunque su volumen de crudo es menor, el canal panameño es esencial para el flujo de gas natural licuado (GNL), contenedores, granos y mercancías estratégicas, y conecta puertos clave entre Asia, la costa este de Estados Unidos y América del Sur.

Inversión, infraestructura y estabilidad institucional

El Canal de Panamá es uno de los pocos corredores estratégicos gestionados por un país neutral con una autoridad autónoma. A diferencia del canal de Suez, afectado por decisiones gubernamentales unilaterales y conflictos internos en Egipto, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) opera con independencia, siguiendo criterios técnicos y financieros.

Desde la ampliación de 2016, el paso de buques Neopanamax ha transformado el valor logístico de la vía. Empresas navieras como Maersk, Evergreen y COSCO siguen utilizando esta ruta no solo por distancia, sino por seguridad operativa.

Las autoridades panameñas trabajan en un ambicioso plan de inversiones para 2025–2030 que incluye la construcción de un nuevo embalse para garantizar el suministro de agua, digitalización de procesos y ampliación de áreas logísticas cercanas a los puertos de Balboa y Colón.

Comparación global: flujo no siempre es poder

En volumen, los líderes del transporte de petróleo son claros:

• Estrecho de Malaca: 23,7 millones de barriles diarios.

• Estrecho de Ormuz: 20,9 millones.

• Canal de Suez y SUMED: 8,8 millones.

• Bab el-Mandeb: 8,6 millones.

• Canal de Panamá: 2,1 millones.

Pero esa jerarquía cambia cuando se evalúa la capacidad de resiliencia, gobernanza y confiabilidad operativa. El Canal de Panamá, aunque pequeño en flujo energético, es el único entre los principales puntos de estrangulamiento sin presencia militar externa, sin conflictos fronterizos activos ni amenazas directas de cierre.

El nuevo mapa de la logística global

A medida que las tensiones en Medio Oriente, el Indo-Pacífico y el mar Rojo se intensifican, los analistas proyectan una mayor demanda de rutas que permitan reconfigurar cadenas de suministro de forma preventiva. Esto no significa que Panamá reemplace a Ormuz o Suez, pero sí que jugará un papel central en la absorción de cargas críticas en escenarios de disrupción.

“La seguridad logística no solo depende de volumen, sino de fiabilidad. Y ahí Panamá tiene una ventaja competitiva que debe proteger”, indica Guevara.

El reto estará en balancear esa oportunidad con la presión ambiental que ya limita el número de tránsitos diarios, una tensión que también tendrá implicaciones económicas para el país.

Perspectiva para 2025

Con un entorno internacional marcado por la incertidumbre, la estabilidad de rutas como el Canal de Panamá se vuelve un activo geopolítico en sí mismo. Mientras los mercados siguen cada amenaza sobre Ormuz con una reacción inmediata en los precios del petróleo, los planificadores logísticos, navieras y gobiernos revisan con lupa la posibilidad de fortalecer rutas alternativas.

Panamá, aunque pequeño en cifras de barriles, se consolida como grande en relevancia.

Ciudad de Panamá ha sido incluida oficialmente entre las diez ciudades más caras de América Latina según el índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella y ZonaProp. El precio promedio del metro cuadrado en la capital panameña alcanzó los 1,804 dólares, superando a centros urbanos como Córdoba, Rosario o Quito. 

La noticia, aunque celebrada por ciertos sectores del mercado inmobiliario, refleja una realidad compleja y desigual: el costo de vida sube, pero el ingreso promedio se mantiene estancado.

Un ascenso silencioso, pero predecible

El posicionamiento de Panamá en este ranking no es una sorpresa para quienes siguen la evolución del mercado. Durante la última década, el país ha mantenido una imagen de estabilidad económica, apertura a la inversión extranjera y posicionamiento estratégico como centro logístico. Sin embargo, esa narrativa de prosperidad ha venido acompañada de una creciente presión sobre los precios del suelo urbano, especialmente en la capital.

Zonas como Costa del Este, Obarrio, Punta Pacífica y San Francisco han visto cómo el valor de sus inmuebles se multiplica, impulsado por desarrolladores, fondos de inversión e incluso capitales extranjeros que ven en Panamá un refugio de valor. A la par, las oportunidades para la clase media y trabajadora de acceder a una vivienda en la ciudad se han reducido de manera alarmante.

Dólar fuerte, salarios débiles

Panamá mantiene un diferencial estructural con otras economías de la región: utiliza el dólar como moneda de curso legal, lo que le permite evitar fenómenos como la devaluación, pero también encarece su costo de vida respecto a países vecinos. En un contexto donde los bancos centrales —incluida la Reserva Federal de EE. UU.— mantienen políticas restrictivas para contener la inflación global, el dólar se ha fortalecido, elevando el valor relativo de los bienes y servicios en Panamá.

El problema, sin embargo, está en que los ingresos de la mayoría de los panameños no crecen al ritmo del dólar. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el salario promedio en Panamá se mantiene por debajo de los 1,000 dólares mensuales. Esto significa que para muchos ciudadanos, adquirir una vivienda, alquilar en zonas céntricas o incluso sostener una canasta básica sin endeudamiento es cada vez más difícil.

Interés preferencial: alivio momentáneo bajo amenaza

El reciente debate sobre la continuidad del régimen de interés preferencial, un instrumento que subsidia el interés de préstamos hipotecarios para viviendas de interés social y medio, ha puesto en evidencia la tensión entre las metas fiscales del Estado y la necesidad urgente de acceso a vivienda digna.

El nuevo presidente, José Raúl Mulino, firmó un decreto que restablece la vigencia de la Ley 3 de 1985 (con sus reformas posteriores) hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta medida fue celebrada por promotores, bancos y compradores, pero no despeja del todo el clima de incertidumbre que ha rodeado el tema en los últimos meses.

Diversos gremios han advertido que eliminar el interés preferencial tendría consecuencias desastrosas para el mercado, elevando los pagos mensuales entre un 20 % y un 40 %, y dejando a miles de familias fuera del acceso al crédito. Sin embargo, las presiones fiscales del gobierno y los compromisos con la disciplina financiera impuesta por organismos multilaterales mantienen el tema en discusión.

“Extender el beneficio hasta diciembre da un respiro, pero el debate de fondo sigue sin resolverse. ¿Debe el Estado seguir subsidiando el acceso a vivienda cuando tiene otras urgencias sociales?”, se preguntan analistas del sector.

Viviendas de lujo para unos, desplazamiento urbano para otros

Mientras se debate el futuro del interés preferencial, el sector inmobiliario de alto perfil sigue creciendo sin freno. Edificios con apartamentos de 500,000 dólares o más, zonas con vigilancia privada, centros comerciales tipo “lifestyle” y proyectos con marina propia son parte del nuevo paisaje urbano de la ciudad.

Pero el contraste es cada vez más marcado: en barrios como Bethania, Río Abajo o Juan Díaz, muchas familias luchan por mantener el alquiler, mientras la informalidad y la sobrepoblación en zonas periféricas crece silenciosamente.

La consecuencia directa es el desplazamiento progresivo del ciudadano común hacia la periferia o incluso hacia el interior del país, alejándose de los centros económicos, laborales y de servicios, lo que incrementa sus costos de vida y tiempo de traslado.

Un entorno macroeconómico desafiante

En 2025, el entorno macroeconómico global continúa en una etapa de incertidumbre. La desaceleración del crecimiento mundial, los efectos rezagados de la inflación y el endurecimiento de las condiciones crediticias están afectando las decisiones de inversión, consumo y financiamiento. En Panamá, esto se traduce en un mercado donde:

• Los desarrolladores se vuelven más selectivos con los proyectos que lanzan.

• Las tasas hipotecarias podrían aumentar si el subsidio cae.

• El acceso a crédito para la clase media baja se estrecha.

Al mismo tiempo, los inversores institucionales, fondos privados y compradores extranjeros siguen encontrando en Panamá una opción sólida, gracias a su conectividad, estabilidad y entorno favorable para el capital. Pero el beneficio de ese atractivo no se distribuye de forma equitativa entre la población.

¿Hacia dónde va Ciudad de Panamá?

Panamá necesita repensar su modelo de crecimiento urbano. Es momento de que el Estado y el sector privado reconozcan que no puede construirse una ciudad para inversionistas a costa del sacrificio de su gente.

Se requiere una política habitacional integral que incluya:

• Incentivos más sólidos a proyectos de vivienda accesible y sostenible.

• Mayor fiscalización del uso del interés preferencial para evitar su desvío a segmentos que no lo necesitan.

• Un ordenamiento territorial más equilibrado que promueva la diversidad social en las zonas urbanas.

Ranking de ciudades más caras de América Latina en 2025 (USD/m²)

(Fuente: Rial Di Tella – ZonaProp)

1. Montevideo (Uruguay): 3,330 USD

2. Ciudad de México (México): 2,666 USD

3. Monterrey (México): 2,592 USD

4. Buenos Aires (Argentina): 2,586 USD

5. Guadalajara (México): 2,369 USD

6. Sao Paulo (Brasil): 2,277 USD

7. Río de Janeiro (Brasil): 2,229 USD

8. Lima (Perú): 2,149 USD

9. Ciudad de Panamá (Panamá): 1,804 USD

10. Córdoba (Argentina): 1,628 USD

11. Rosario (Argentina): 1,614 USD

12. Quito (Ecuador): 1,215 USD

La nueva ley de El Salvador que grava con impuestos las donaciones extranjeras a ONG reaviva el debate sobre la influencia externa en los movimientos sociales. ¿Qué significa esto para Panamá y su soberanía narrativa?

Por Ariel Rosas JR. 

El Salvador -el presidente Nayib Bukele, líder del gobierno salvadoreño, fue quien impulsó y oficializó en mayo de 2025 la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que marca un punto de inflexión en la regulación del financiamiento de organizaciones no gubernamentales (ONG) en la región.

Esta legislación impone un 30 % de impuesto a todas las donaciones provenientes del extranjero dirigidas a ONG que operan en El Salvador. Además, las organizaciones deberán registrarse, obtener autorizaciones previas y estarán sujetas a sanciones que incluyen la clausura, en caso de incumplimiento.

La medida, aunque polémica, no es aislada: refleja una tendencia regional hacia el cuestionamiento de la influencia extranjera en la política y movimientos sociales internos.

Aunque nace en San Salvador, el debate ya se siente en toda Centroamérica. Países como Panamá, Guatemala, Honduras y República Dominicana enfrentan situaciones similares: protestas, paralizaciones de proyectos mineros y discursos ambientales encendidos que —según algunas voces expertas— no siempre surgen de forma orgánica.

La ley fue aprobada en mayo de 2025, pero su origen se remonta a una preocupación creciente del presidente salvadoreño, quien meses antes agradeció públicamente al entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por suspender fondos de USAID destinados a El Salvador. Bukele justificó ese gesto afirmando que ciertos programas financiados desde el extranjero buscaban injerencia política encubierta.

¿Qué dicen los expertos?

Ana Gabriela Juárez, presidenta de CTA Consultoría Ambiental, fundadora de WIMCA, directora en JD, reconocida entre las 100 mujeres más inspiradoras de la minería global y una de las 10 personas hispanas más influyentes en Canadá, sostiene que:

“Narrativas que no siempre nacen de la voluntad del pueblo, sino de agendas externas, han paralizado proyectos clave en toda la región.”

En su análisis titulado ¿Quién mueve realmente los hilos en Centroamérica? Un breve análisis de los movimientos anti mineros en la región, Juárez expone que muchas protestas contra la minería han sido impulsadas o amplificadas por ONG con financiamiento extranjero.

Cobre Panamá y El Escobal

Cobre Panamá

Este proyecto minero fue paralizado, dejando una pérdida millonaria para el Estado panameño y miles de empleos en pausa. Más allá de los cuestionamientos contractuales, la narrativa dominante en medios y redes sociales fue marcada por presión y desinformación, según denuncian expertos del sector.

El Escobal, Guatemala

En Guatemala, el proyecto El Escobal ha estado bloqueado por más de siete años, en gran parte debido a la acción de movimientos sociales que, según Juárez, han sido financiados desde el exterior con el objetivo de frenar actividades extractivas.¿Quién financia estas narrativas?

Una de las principales fuentes es USAID (United States Agency for International Development). Desde 1961, esta agencia ha canalizado miles de millones de dólares hacia América Latina con el objetivo de promover la democracia, sostenibilidad ambiental, fortalecimiento institucional y desarrollo.

No obstante, informes como el de la Fundación para el Debido Proceso (2023) señalan que parte de estos fondos ha sido destinado a:

• Financiar litigios estratégicos contra el Estado

• Apoyar campañas mediáticas y movilizaciones sociales

• Presionar decisiones de política pública sin participación técnica local

¿Por qué esto importa para Panamá?

En Panamá, más del 90 % del tejido empresarial está compuesto por PYMES (según datos del Ministerio de Economía y Finanzas), y la inversión extranjera representa un pilar fundamental del desarrollo económico.
Una narrativa contraria a la inversión minera, sin una base técnica sólida, puede erosionar la confianza de inversionistas, afectar la seguridad jurídica y frenar proyectos estratégicos.

¿Es un ataque a las ONG?

No. Como lo enfatiza Juárez:

“Ojo: esto no es un ataque a las ONGs — muchas hacen un trabajo valiosísimo. Pero sí es un llamado a abrir los ojos. ¿Estamos defendiendo nuestros recursos o solo repitiendo agendas que vienen de fuera?”

¿Cuál es el verdadero desafío?

El desafío es narrativo. En un contexto digital donde la información se viraliza más rápido que los hechos, quien controla el relato, muchas veces, controla el resultado.
Y si ese relato está financiado o escrito desde el extranjero, la soberanía narrativa se convierte en un activo que Centroamérica debe proteger.

¿Y entonces? ¿Prohibimos la cooperación?

No se trata de eliminar la cooperación internacional, sino de exigir transparencia, rendición de cuentas y alineamiento con intereses locales. La minería, como cualquier industria, debe estar regulada, auditada y sujeta a estándares ambientales rigurosos. Pero también debe ser defendida con hechos, verdad y visión de largo plazo.

Como concluye Juárez:

“La minería en nuestros países debe ser regulada, sí — pero también defendida con verdad y visión a largo plazo. América Central y el Caribe tienen el potencial de liderar con minería responsable.”

 ¿De quién es el relato que estamos repitiendo?

Las leyes como la de El Salvador nos invitan a un debate más profundo:

¿Estamos tomando decisiones soberanas o repitiendo narrativas importadas?

¿Quién financia, quién escribe y quién se beneficia del discurso anti-minero?

Mirar con ojo crítico, proteger la narrativa propia y construir un desarrollo basado en evidencia, no en ideologías importadas.

Fuentes:

• Asamblea Legislativa de El Salvador, Ley de Agentes Extranjeros, mayo 2025

• Ana Gabriela Juárez – ¿Quién mueve realmente los hilos en Centroamérica?

• Fundación para el Debido Proceso – Informe 2023

• USAID Latin America Budget Reports, 2022-2024

• Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá – Informe MIPYMES 2023

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